Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)
1. Mientras Sebastián Piñera todavía exprime los últimos réditos político-mediales del espectacular rescate de los 33 mineros de la mina San José, también en Copiapó, el 8 de noviembre pasado Homero Aguirre y Daniel Lazcano, trabajadores de la mina de cobre Los Reyes, murieron en un nuevo accidente laboral. La explotación pertenece a la empresa Sociedad Legal Compañía Minera Del Sur.
2. Cuando cientos de cesantes, de los miles que quedaron en la calle luego del abrupto final de los empleos de emergencia en Concepción –en crítica situación luego del terremoto- maremoto de febrero de 2010-, viajaron a Santiago y luego al Congreso de Valparaíso para exigir la reapertura de los trabajados precarios; el presidente Piñera anunció las vigas maestras de su agenda de gobierno titulada con pompa “Chile País Desarrollado: Más Oportunidades y Mejores Empleos”. La fórmula piñerista, simplemente es una extensión ampliada de las políticas de los últimos gobiernos de la Concertación en orden a aumentar la inversión en el país, incentivos tributarios a la reinversión de utilidades para las pequeñas y medianas empresas, la ‘modernización’ del Estado; planes de teletrabajo, facilidades para crear legalmente empresas, e impulso al turismo. La fantasía publicitaria de convertir a Chile en un país no subdesarrollado sobre pilares que intensifican el aperturismo económico y la inversión transnacional sin trabas ni impuestos significativos sólo vuelven más dependiente a Chile de los precios del cobre. No resulta extraño que entre enero y octubre de 2010, el gobierno autorizara una inversión histórica de capitales de mega corporaciones extranjeras que asciende a US$ 13.257 millones de dólares (más de 200% respecto de igual lapso del año 2009), distribuidos en un 83% hacia la explotación cuprífera; 9,1% a servicios; electricidad, gas y agua con un 4%; y comunicaciones con 3,4%. Los precios del metal rojo están en niveles extraordinariamente altos (como todas las materias primas del continente) debido a la temporal demanda asiática y particularmente, China. Esto, como también ha ocurrido en otros períodos, vuelve muy sensible la economía chilena al curso de las potencias que hegemonizan el planeta. Al respecto, se agudiza el carácter primario extractivista del país, esos capitales foráneos emigran a su antojo y de acuerdo a variables incontrolables por el Estado chileno, y ofrecen poco trabajo. En buenas cuentas, se incrementa la naturaleza rentista del patrón de acumulación capitalista de la clase en el poder y se posterga la industrialización y diversificación necesaria del país para impulsar un proyecto nacional e integral de desarrollo. La clase mandante sólo persigue el beneficio rápido y a corto plazo, e hipoteca las bases genuinas de un país camino al desarrollo democrático, cuya estructura económica es deforme y, contra toda soberanía, dramáticamente subordinada al capital de las economías tutelares cuyos objetivos están muy lejos del bienestar e intereses de las mayorías nacionales.
Asimismo, con un desempleo estructural “oficial” que raya el 10%, la simplificación de creación de microempresas –que en la mayoría de los casos son negocios familiares- es una manera desesperada de multiplicar el mal trabajo a cuenta propia debido a que no existe trabajo formal para absorber la fuerza laboral sin empleo. Aquellas pequeñas y medianas empresas que se dedican a actividades productivas, además, están condenadas a vender sus productos a los precios que impone el gran retail cada vez más concentrado (la cadena supermercadista norteamericana Wal-Mart, que se llama Líder en Chile, es paradigmática en este sentido), con el agravante de intentar competir con mercadería asiática cuya importación carece de franquicias. Y cuando Piñera habla de “modernización del Estado”, simplemente se refiere a su encogimiento, con el subsecuente aumento de la cesantía y menor fiscalización en todos los ámbitos. De hecho se esperan numerosos despidos hacia fines de noviembre, en el marco de una dura negociación colectiva con la mesa del sector público que demanda un incremento salarial de un 8,9%, toda vez que hasta el momento el gobierno ha ofrecido un escaso 3,7% nominal.
3. La acumulación capitalista por despojo o desposesión de recursos naturales esta vez tiene su punto crudo en el territorio del Lago Neltume, cuyas comunidades mapuche se resisten a la construcción del túnel de prospección para la Central Neltume, propiedad de la transnacional Endesa-Enel. Los comuneros mapuche indicaron que “Endesa-Enel ha invadido nuestro territorio, quitándonos el agua, apropiándose de los derechos de aprovechamiento continuo de los caudales de varios esteros que corresponden a familias de nuestra comunidad”. Entre las maldiciones de la prospección está que la compañía “nos dejará sin nuestras yerbas medicinales al subir el caudal del Lago Neltume, la que hemos usado desde tiempos ancestrales y sin ellas moriremos”, y los mapuche aseguran que Endesa-Enel “debe comprender que los seres humanos no somos dueños de la naturaleza, sino que formamos parte de ella, y que el dinero y el lucro no pueden estar sobre los derechos colectivos de los pueblos”.
4. Los 1.500 trabajadores de la tercera corporación de cobre privada que explota el mineral en el país, Doña Inés de Collahuasi, se encuentran en huelga desde el viernes 5 de noviembre. A 4.500 metros de altura en el norte grande, el presidente del sindicato, Manuel Muñoz informó que la compañía el 2010 tendrá utilidades de 3.000 millones de dólares, mientras los trabajadores están exigiendo 50 millones de dólares en tres años como suma de sus demandas.
En otro sector, los obreros de la construcción que edifican el Hospital de Puerto Montt, al sur de Chile, cuyas empresas concesionadas para la obra son Besalco, Moller y Pérez Cotapos, asociadas en el Consorcio Hospital de Puerto Montt, se han movilizado por las malas condiciones de seguridad e higiene al interior de una obra estatal. Los operarios agrupados en la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetracoma), fueron desalojados de la faena con extrema violencia por Fuerzas Especiales de Carabineros, con la anuencia del Gobernador de la zona, Francisco Muñoz; la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Mónica Winkler, y la del Trabajo, Andrea Rosmanich, quienes conocían perfectamente las pésimas condiciones en que se labora en la edificación. 23 obreros y dirigentes sindicales fueron detenidos.
5. Según la Encuesta de Caracterización Socio Económica 2009, Casen, que se efectúa por el Ministerio de Planificación cada 3 años, Chile es actualmente más pobre que el 2006. Es decir, de acuerdo al reporte oficial, si el 2006 la pobreza alcanzaba al 13,7% de la población nacional, hoy llega a un 15,1%. Por regiones, la Casen titula en el ranking de la miseria a la Región de La Araucanía, con un 27,1%; la del Bio Bío con un 21%; la del Maule con un 20,8%; la de Los Ríos con un 20,4%; la de Atacama con un 17,4%; y la de Coquimbo con un 16,6%. Como es ya estructural, las mujeres son más pobres que los hombres (15,7 / 14,5%); y la población originaria más que la mestiza (19,9% / 14,8%).
Ahora viene lo importante. El corte o línea de la pobreza que fija el Estado es de $ 64 mil pesos al mes (US$ 128 dólares) para los que viven en las ciudades y de $ 43 mil pesos mensuales (US$ 86 dólares) para los que habitan zonas rurales. Es decir, si al momento de realizarse la encuesta la persona obtiene un peso más que los mínimos señalados, para efectos estadísticos, ya no es considerada pobre. Y la línea de la pobreza se fabrica mediante una misteriosa canasta “básica de alimentos por persona cuyo contenido calórico y proteico permita satisfacer un nivel mínimo de requerimientos nutricionales”. Esto es, un conjunto de productos alimenticios –cuya calidad y origen no interesa- que un ser humano precisa para no desfallecer de inanición.
Es más. Con un supuesto fundado en el cinismo más abyecto, el informe de la Casen indica que “se asume que los hogares que logran cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentación satisfacen, al mismo tiempo, los estándares mínimos de las otras necesidades básicas”. ¿Por qué se supone que alguien que apenas tiene para mal comer cuenta con los recursos para acceder a los servicios básicos (vivienda, electricidad, agua, gas, teléfono); a la salud, la educación y la seguridad social elementales y de excelencia, y qué decir de la recreación, un empleo estable y un largísimo etcétera? ¿Qué ciencia soporta esa hipótesis?
Ahora bien, el Estado raya la línea de la pobreza en $ 64 mil pesos, en un Chile donde dos viajes en el transporte público cuestan mil pesos, un kilo de pan otros mil pesos, una mensualidad universitaria más de $ 200 mil pesos promedio, y el arriendo de una habitación o cuarto al mes con baño compartido, entre 60 a $80 mil pesos. ¿Cuántos chilenos ganan por su trabajo –considerando un desempleo estructural que no sale del 8 al 10%- menos de $ 350 mil pesos (US$ 700 dólares)? ¿El 70 u 80% de la población?
Resulta obvio que la pobreza o el empobrecimiento de la población del país es mucho mayor que el 15,1%, que no es más que una cifra colocada en la vitrina para las evaluadoras de riesgo multinacionales que orientan al gran capital inversor para beneficio de una minoría rentista y gran propietaria.
En un microbús del Transantiago había un aviso pegado por algún usuario que decía “Si pago el pasaje, no como”. Ello es una verdad del tamaño del sol en un paisito cuyo PIB crece a un 6%, a costa de la más dura desigualdad social, concentración económica y explotación sin coto ni regulación alguna de seres humanos y naturaleza.
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